Con motivo de la iniciativa de ley
presentada por el titular del ejecutivo en materia de telecomunicaciones y
radiodifusión se ha suscitado un debate sobre la constitucionalidad de dicha
norma, la aparente ambigüedad en su texto, así como la visión de algunos
sectores que el contenido de la iniciativa de ley conculca derechos fundamentales
como la libre expresión y posibilita la censura oficial.
En la gran mayoría sino es que en la
totalidad de artículos periodísticos, notas, opiniones en medios tradicionales
y redes sociales, se cita la opinión de algunos especialistas en medios de
comunicación, algunos en derecho, sin embargo se ofrece solo la opinión respecto
de los artículos que presuntamente resultan violatorios de derechos humanos,
pero no se hace una referencia exacta de la porción normativa de la ley propuesta
que afecta las libertades y derechos señalados ni los preceptos
constitucionales o convencionales que lesiona, no exponen con claridad donde se
presenta la antinomia o la inconstitucionalidad del texto de la iniciativa y
como posibilita la censura.
La filosofía del Derecho define al orden jurídico como “el conjunto de todas las
normas válidas, cuya validez depende de una norma dada, llamada norma
fundamental”.
Es entonces el sistema jurídico un
conjunto ordenado y sistematizado de normas jurídicas y no a una mera suma de
leyes o preceptos.
Para Norberto Bobbio, la interpretación
sistemática es aquella que basa sus argumentos en el presupuesto de que las
normas de un ordenamiento más explícitamente, de una parte del ordenamiento, como
por ejemplo el derecho penal, constituyen una totalidad ordenada en tal
virtud, el lícito aclarar una norma oscura o integrar una norma deficiente,
recurriendo al llamado “espíritu del sistema” yendo a un en contra de lo que
resultaría de una interpretación meramente literal así como una ley no
necesariamente se interpreta o se aplica de manera aislada sino en consonancia
con otras normas y desde luego con la fundamental, es decir la constitución, ley
suprema y a la vez origen de las otras.
La interpretación sistemática intenta
comprender, como un todo coherente, la totalidad de las normas jurídicas y de
los institutos jurídicos que le sirven de base
Se interpreta sistemáticamente en la
práctica, cuando no se atiende a una norma aislada, sino al contexto en que
está situada.
Las normas no pueden analizarse en
forma aislada de los demás preceptos que integran una ley de la que forman
parte o bien cuya aplicación resulte concurrente con otra norma.
Así tenemos que cada norma jurídica es
parte integrante de un sistema jurídico, al que pertenece desde el momento de
su creación, y entre todas las normas de un sistema se generan acciones y
reacciones.
En este artículo se dice que la ambigüedad
se encuentra en la porción normativa que expresa que solo mediante orden
de autoridad se podrán bloquear los accesos a contenidos aplicaciones y
servicios, a este respecto cabe recordar que toda orden de la autoridad, todo
acto que emane de esta, no pude ser caprichoso, debe reunir diversos
requisitos, como tener facultades y competencia para ello, fundar en las leyes
su actuación, ofrecer los motivos de esta orden de acuerdo con lo previsto y
aplicable en las normas jurídicas aplicables, de lo contrario sería un acto
contrario a derecho, abusivo, fuera del orden jurídico e incluso ilícito e
ilegal y por tanto no solo combatible sino también sancionable.
Como ejemplo didáctico para la comprensión
hagamos un muy sencillo ejercicio de análisis de algunos de los artículos de la
iniciativa más comentados y mencionados como violatorios de derechos
fundamentales, inconstitucionales en consecuencia y en los que presuntamente se
establece de manera velada la censura oficial.
Texto de la iniciativa de Ley
Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión
Artículo 145. Los
concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet
deberán sujetarse a los lineamientos de carácter general que al efecto expida el
Instituto conforme a lo siguiente:
III. Privacidad. Deberán
preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red. Podrán
bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a
petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean
contrarios a alguna normatividad:
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Artículo 16. Nadie puede
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive
la causa legal del procedimiento.
Pacto Internacional de derechos
Civiles y Políticos
ARTÍCULO 17
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.
Como puede verse claramente la
iniciativa impone el requisito para el bloqueo que sea mediante orden de
autoridad, por su parte la CPEUM dispone en el art 16 la garantía de legalidad
es decir que todo acto de molestia por parte de la autoridad para los
gobernados, este fundado y motivado de tal
manera que toda ley, procedimiento jurisdiccional o resolución
administrativa así como todo acto de autoridad debe ser emitido o ejecutado por
el órgano u órganos competentes dentro de la esfera de su competencia. La exigencia
de fundamentar dichos actos en la ley tiene por objeto que el gobernado tenga
la posibilidad de combatir los actos o hechos que no fueron correctos o bien no
se ajustan a la motivación citada, es decir busca evitar los actos de autoridad
que resulten arbitrarios y abusivos.
Por su parte en art 17 del
PIDCyP y que de acuerdo al art 1
Constitucional debe observarse en la aplicación de la ley por la autoridad y
los órganos jurisdiccionales dispone que nadie podrá ser objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales, esto es que todo aquello que sea contrario a las leyes
nacionales o al derecho internacional aplicable es contrario a los derechos
fundamentales de todo individuo, si el bloqueo al acceso descrito en la
fracción tercera de la citada iniciativa no estuviere debidamente fundado y
motivado por la autoridad será combatible y en consecuencia inaplicable.
Pongamos como ejemplo un sitito
de internet donde se incite a la violencia, a un levantamiento armado, a causar
daño físico e incluso privar de la vida a personas o grupos en razón de su
identidad sexual, su profesión religiosa, su militancia política o su género, sin
duda encontraría suficiente fundamentación y motivación en la Constitución,
tratados internacionales y leyes penales para solicitar el bloqueo, un ejemplo
distinto seria que un sitio de internet o alguna otra forma de comunicación sea
bloqueada por la crítica a un gobierno, a un poder u órgano del Estado y que
esta crítica u opiniones se ajusten a los límites de la libre expresión de
ideas, al derecho de transmitir información etc. Hecho que no encontraría sustento para fundar
y motivar el acto de autoridad y que sería combatible ante la autoridad
competente.
Texto de la iniciativa de Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Artículo 189. Los
concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados están
obligados a proporcionar la localización geográfica en tiempo real, de
cualquier tipo de dispositivo de comunicación que se encuentre relacionado con investigaciones
en materia de. Delincuencia organizada. Delitos contra la salud. Secuestro,
extorsión o amenazas, a solicitud del Procurador General de la República. De
los Procuradores de las Entidades Federativas o de los agentes del Ministerio Público
en quienes se delegue esta facultad, de conformidad con las leyes correspondientes.
En este precepto de la iniciativa
de ley se establece claramente la obligación sobre casos específicos para la
geolocalización, en concordancia con otras leyes como las leyes penales y la Federal
Contra la Delincuencia Organizada, para la investigación y persecución de
delitos contra la salud, secuestro y amenazas, tampoco encuentro razones que a mi
juicio sustenten el argumento de que hay
violación a derechos fundamentales mucho menos censura.
Texto de la iniciativa de Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Artículo 190. Los
concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y
proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a permitir,
que las autoridades facultadas por la ley ejerzan el control y ejecución de la intervención
de las comunicaciones privadas y a brindarles el apoyo que éstas les soliciten,
de conformidad con las leyes correspondientes.
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Artículo 16. Nadie puede
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive
la causa legal del procedimiento.
(Párrafo 13)
Las comunicaciones privadas son
inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la
libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma
voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez
valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información
relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones
que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad
judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular
del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá
autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la
autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la
solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma
y su duración.
La autoridad judicial federal no
podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter
electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de
las comunicaciones del detenido con su defensor.
Ley Federal Contra La
Delincuencia Organizada
Artículo 16.- Cuando en
la averiguación previa de alguno de los delitos a que se refiere esta Ley o durante
el proceso respectivo, el Procurador General de la República o el titular de la
unidad especializada a que se refiere el artículo 8o. anterior, consideren
necesaria la intervención de comunicaciones privadas, lo solicitarán por
escrito al juez de distrito, expresando el objeto y necesidad de la
intervención, los indicios que hagan presumir fundadamente que en los delitos
investigados participa algún miembro de la delincuencia organizada; así como
los hechos, circunstancias, datos y demás elementos que se pretenda probar.
Las solicitudes de intervención
deberán señalar, además, la persona o personas que serán investigadas; la
identificación del lugar o lugares donde se realizará; el tipo de comunicación
privada a ser intervenida; su duración; y el procedimiento y equipos para la
intervención y, en su caso, la identificación de la persona a cuyo cargo está
la prestación del servicio a través del cual se realiza la comunicación objeto
de la intervención.
Podrán ser objeto de intervención
las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita, por signos,
señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos,
alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por
cualquier otro medio o forma que permita la comunicación entre uno o varios
emisores y uno o varios receptores.
Artículo 17.- El juez de
distrito requerido deberá resolver la petición en los términos de ley dentro de
las doce horas siguientes a que fuera recibida la solicitud, pero en ningún
caso podrá autorizar intervenciones cuando se trate de materias de carácter
electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de
las comunicaciones del detenido con su defensor.
Artículo 18.- Para
conceder o negar la solicitud, el juez de distrito constatará la existencia de
indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que la persona investigada
es miembro de la delincuencia organizada y que la intervención es el medio
idóneo para allegarse de elementos probatorios.
En la autorización el juez
determinará las características de la intervención, sus modalidades y límites y,
en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos de
colaboración.
La autorización judicial para
intervenir comunicaciones privadas, que únicamente llevará a cabo el Ministerio
Público de la Federación bajo su responsabilidad, con la participación de
perito calificado, señalará las comunicaciones que serán escuchadas o
interceptadas, los lugares que serán vigilados, así como el periodo durante el
cual se llevarán a cabo las intervenciones, el que podrá ser prorrogado por el juez
de distrito a petición del Ministerio Público de la Federación, sin que el
periodo de intervención, incluyendo sus prórrogas pueda exceder de seis meses.
Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse
Claramente se aprecia la concordancia entre los dispositivos legales vigentes y la iniciativa de ley, así como los requisitos y restricciones que impone la Constitución para la intervención de comunicaciones, recogidos y detallados en la ley Federal contra la Delincuencia Organizada de tal manera que ni se violan derechos fundamentales, ni se ejerce censura previa
Texto de la iniciativa de Ley
Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión
Artículo 197. Además de
las anteriores obligaciones. Los concesionarios de telecomunicaciones y los
autorizados deberán:
VII. Bloquear, inhibir o anular de
manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos
para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades
competentes.
El bloqueo de señales a que se
refiere el presente artículo se hará sobre todas las bandas de frecuencia que
indique el Instituto de conformidad con las solicitudes de las autoridades
competentes;…
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque
a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito,
o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en
los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será
garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al
libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
El Estado garantizará el derecho
de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e
internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia
efectiva en la prestación de dichos servicios.
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS PACTO DE SAN JOSÉ
ARTÍCULO 13.- Libertad de
Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente
no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores las
que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o
a la reputación de los demás, o
b) la protección de la
seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir
el derecho de expresión por vías a medios indirectos tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas,
o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y
opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura
previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección
moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el
inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y
toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan
incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza
color, religión, idioma u origen nacional.
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos
ARTÍCULO 19
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito
o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo
entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar
sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente
fijadas por la ley y ser necesaria para:
a) Asegurar el respeto a los
derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la
seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
ARTÍCULO 20
1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la
ley.
2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que
constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará
prohibida por la ley.
ARTÍCULO 21
Se reconoce el derecho de reunión
pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en
interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público,
o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los
demás
En este caso podemos ver como la
Constitución y dos Tratados Internacionales uno en materia de derechos humanos
y otro sobre derechos civiles y políticos coinciden en establecer la protección
a la libre expresión y a buscar y transmitir información, coinciden también en establecer
los límites para el ejercicio de este derecho en la afectación a derechos de
terceros, riesgos contra la seguridad nacional, el orden y la moral públicos así
como prohibir toda forma de incitación a la violencia por motivos religiosos,
de origen racial, género o identidad sexual, estableciendo como requisito que estén
expresamente previstos por la ley, así pues
al establecer el texto de la iniciativa de ley Bloquear, inhibir o
anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y
lugares críticos para la seguridad pública y nacional, se ajusta en estas dos razones es decir la
seguridad nacional y la pública a lo dispuesto por la Constitución y
convenciones citadas, además de prever que será de manera temporal, de tal
suerte que no hay censura ni violación a derechos fundamentales.
Lo cierto es
que quienes han hecho crítica a la iniciativa no mencionan de manera detallada
y explicita, en que artículos o porciones normativas el texto de esa propuesta
de ley se opone a la Constitución, tratados internacionales u otras leyes,
hecho que genera más confusión en la opinión pública, coa que ya en si es lamentable
pero será más grave si estas opiniones son con la finalidad de causar confusión,
molestia y desaprobación de la sociedad, basados en falacias o desconocimiento
del derecho, con fines políticos o por animadversión a un partido político o
persona.
Adolfo Merelles R
Abril
2014
